Uno de los retos más difíciles
e importantes que tendremos en el futuro –cercano si Dios quiere-
en la persecución de la instauración de un Estado Ideal,
tiene que estar apuntalado en la planeación, promoción
y desarrollo de las diferentes regiones del país, dentro de un
marco Federal eficiente y eficaz.
Para ello debemos de reformular la distribución del poder y el
verdadero pivote que lo hace posible es la participación VERDADERA
de la sociedad civil en su conjunto, en un nuevo Contrato Social que
involucre en igualdad de condiciones a gobernantes y gobernados, quienes
deberemos asumir las responsabilidades que nos correspondan y en el
tiempo que así mismo corresponda.
El Estado social tal como lo conocemos, debe ser redimensionado y dispuesto
a la sociedad para que genere múltiples iniciativas de los actores
que en el se involucren. Actuando por supuesto dentro de compromisos
y normas que estén regidos por principios éticos muy diferentes
a los de estos últimos 14 años.
Dentro de nuestra constitución, al menos en teoría, están
plasmados los fundamentos de un Estado Federal Descentralizado que lamentable
e intencionalmente devino en un modelo autoritario, que a pesar del
inmenso caudal de dinero que le ha ingresado, criminalmente nos ha conducido
a una pobreza estructural cada vez mas profunda que en términos
absolutos es mayor a la que teníamos antes de 1998 ya que la
verdadera riqueza de un país no se mide en función de
sus ingresos sino por la suma de los bienes y servicios producidos con
verdadero valor agregado, vía transformación que entre
otras cosas incluya generación y/o transferencia de tecnología
Nuestra verdadera pobreza ha sido solapada (Adj. [Persona] que oculta
maliciosa y cautelosamente sus planes y pensamientos) por múltiples
misiones dadiva que de ninguna manera, dado su carácter improductivo,
pueden ser asimiladas al concepto de desarrollo. Que no es lo mismo
que crecimiento como la ofensiva mediática quiere hacernos creer.
No hay duda de que los resultados a largo plazo del nuevo pacto social
depende del nivel de compromiso de los liderazgos nacionales y regionales;
tanto públicos como privados y sobre todo del nivel de compromiso
de nosotros como sociedad civil en su conjunto.
Al estado le concierne básicamente el orden publico, la administración
de los asuntos colectivos, el mantenimiento de la administración
de justicia, la promoción del bienestar de la población,
la planificación de los proyectos de desarrollo que por economía
de escala no pueden ser desarrollados por el sector privado; ello incluye
vialidades rurales, salud, educación eficaz y eficiente, en leal
competencia con la privada, infraestructura, seguridad, vivienda. En
resumidas cuentas, el Estado debe ser rector y no intervencionista,
promotor y no constructor, repartidor de las riquezas de la nación
en forma de proyectos productivos que generen un verdadero desarrollo
que al final se evidencie en el bienestar, no solamente económico,
de TODOS sus ciudadanos.
Estos son los preceptos a los que debemos ceñirnos para la construcción
de una nueva y moderna sociedad Estado. Una Democracia verdaderamente
participativa que promueva la distribución vertical del poder
basado en una descentralización real, operativa, efectiva y eficiente
desde el poder central hacia las regiones.
Nuestro nuevo contrato social debe surgir del deseo y la participación
de TODOS a través de una nueva y plural Asamblea Nacional Constituyente
en la que estén representados los verdaderos liderazgos nacionales
y regionales, independientemente del color político que tengan,
que deberá estar acorde con las exigencias del siglo XXI y sobre
todo deberá estar acorde con las necesidades de tos aquellos
que vivimos en esta hermosa tierra de gracia.
Amanecera y veremos
Rómulo E. Lander Hoffmann
http://www.romulolander.com
Abril 2012
